Marc Bloch sobre historia y divulgación

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Comparto a continuación un fragmento de la Apología para la historia o el oficio de historiador, célebre tratado que el medievalista francés Marc Bloch escribiera en los meses finales de su vida, antes de caer ante la ráfaga de un pelotón de fusilamiento alemán a mediados de 1944. De acuerdo con mi lectura, en esas líneas están concentradas algunas advertencias increíblemente vigentes respecto a la historia profesional y su escaso impacto en la sociedad.

      En efecto, me parece que Bloch "descabeza" a los historiadores que han desatendido su responsabilidad ante el lector "profano", dejándolo a merced de una pretendida "historia" que (pese a sus pretensiones "desmitificadoras") afirma sin más allí donde un historiador de verdad habría dudado. Parte de la explicación reside en el abuso de las notas a pie de página, en la excesiva erudición que las vuelve indigestas para el lector común. Éste, sin embargo, no es para Bloch una oveja indefensa ante la indolencia de sus pastores-historiadores y la ferocidad de sus lobos-desmitificadores: el lector común (y la mayor parte de los editores comerciales) suele evidenciar también una marcada holgazanería intelectual ante el más mínimo indicio del ejercicio crítico sobre el que debe levantarse todo libro de historia. Por ello el pasaje lo cierra Bloch con una entrañable defensa de las notas. Disfruten.

El esoterismo poco atractivo en el que a veces los mejores de los nuestros tienden a encerrarse; la preponderancia del triste manual en nuestra producción de lectura de divulgación, que la obsesión por una enseñanza mal concebida sustituye a una verdadera síntesis; el pudor singular que parece prohibirnos poner ante los ojos de los profanos nuestros titubeos metodológicos tan pronto como salimos del taller; todos estos malos hábitos que surgen de la acumulación de sesgos contradictorios, comprometen una causa no obstante hermosa. Conspiran para entregar la masa indefensa de los lectores a los señuelos de una pretendida historia, en la que la ausencia de seriedad, lo pintoresco de pacotilla, los sesgos políticos piensan redimirse con una inmodesta seguridad: Maurras, Bainville o Plejanov afirman allí donde Fustel de Coulanges o Henri Pirenne habrían dudado. Entre la encuesta histórica [es decir, la historia de método crítico] tal y como se hace o aspira hacerse y el público lector, incontestablemente subsiste un malentendido. Para poner en juego por ambas partes divertidos defectos, la gran querella de las notas constituye un síntoma bastante significativo.     
      Los márgenes inferiores de las páginas ejercen, en muchos eruditos, una atracción que llega al vértigo. Sin duda es absurdo llenar los blancos, como ellos lo hacen, con referencias bibliográficas que por lo general una lista colocada al frente del volumen hubiera podido evitar; o aún peor, relegar allí por mera pereza largas exposiciones que hubieran tenido que figurar en el cuerpo mismo del texto, de tal suerte que a veces es en el sótano donde hay que buscar la más útil de esas obras. Pero cuando algunos lectores se quejan de que la más mínima línea aislada abajo del texto, les produce confusión; cuando algunos editores pretenden que sus compradores, probablemente menos hipersensibles en realidad de como los pintan, sufren horrores al ver una hoja así deshonrada, estos delicados prueban sencillamente que son impermeables a los preceptos más elementales de la moral y la inteligencia. Porque, fuera de los libres juegos de la fantasía, no se puede producir una afirmación si no se puede comprobar; y para un historiador, indicar lo más brevemente posible la fuente del documento que está utilizando, es decir la manera de encontrarlo, equivale sin más ni más a someterse a una regla universal de probidad. Envenenada por los dogmas y los mitos, nuestra opinión —incluso la más lúcida— perdió hasta el gusto por el control. El día en que, cuidándonos de no relegarla con una vana pedantería, logremos persuadirla de que mida el valor de un conocimiento por su disposición de encarar la refutación, las fuerzas de la razón habrán ganado una de sus mayores victorias. Para prepararla a ello es por lo que trabajan nuestras humildes notas, nuestras referencias minuciosas de las que hoy en día se burlan tantos brillantes intelectuales.


(Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio de historiador, edición anotada por Étienne Bloch, prefacio de Jacques Le Goff, traducción de María Jiménez y Danielle Zaslavsky, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 102-104. Las negritas son mías.)

Clemencia judicial en el antiguo régimen español: el indulto de Viernes Santo

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En un excelente artículo, Alejandro Agüero 1 llama la atención sobre el hecho de que la justicia penal de antiguo régimen no sólo tuvo ese ejemplarizante rostro cruel y despiadado que Michel Foucault (Vigilar y castigar) se encargó de imprimir en nuestras mentes con el relato del espectacular castigo público del aspirante a regicida, Damiens.


El castigo de Damiens (tomada de aquí)
Ciertamente el ritual público de las penas corporales y espirituales constituía un recurso disciplinante con el que los monarcas mostraban el rigor de su justicia e intentaban inhibir la delincuencia. Sin embargo, la justicia penal de antiguo régimen poseía también un rostro “piadoso” cuyos fundamentos se hallaban en las claves culturales cristianas que en general orientaban los comportamientos de aquellas sociedades. Valores como la paz y la concordia entre los vecinos, la misericordia y el perdón a las ofensas de los otros, tenían también una expresión y un sentido normativo en la administración de justicia en materia criminal. Todo juez, cualquiera que fuese su posición dentro de la estructura institucional (desde los jueces ordinarios, muchas veces legos, de las poblaciones más pequeñas, hasta el rey en su carácter de juez supremo), estaba habilitado para distanciarse del rigor procedimental y punitivo que marcaban las leyes y privilegiar, en cambio, tanto el acuerdo entre las partes de un conflicto como la moderación de los castigos a los criminales, siempre y cuando se dejasen a salvo los intereses de la parte ofendida y los de la vindicta pública. Para esos efectos cada caso era minuciosamente analizado en sus propias circunstancias, se valoraban los factores agravantes o atenuantes del crimen así como el conjunto de informes favorables que el delincuente lograra reunir entre sus allegados, con el fin de reforzar sus peticiones de clemencia.

Uno de los principales instrumentos de la clemencia judicial era el indulto: el perdón parcial o total de la pena que un criminal ameritaba por su delito. El indulto, sin embargo, era una facultad exclusiva del monarca, quien desde muy antiguo (la Alta Edad Media, al menos, para el mundo cristiano occidental) lo concedía magnánimamente de forma particular, a solicitud expresa de algún criminal, o bien de manera general, cuando se presentaba algún evento feliz en el seno de la real familia (matrimonios, nacimientos, ascensos al trono, etc.) o en ceremonias religiosas de gran relevancia. Entre estas últimas, la principal era la de Viernes Santo o Día de Indulgencias: ese día, en el momento de la adoración de la cruz, al monarca se le presentaba en una charola cierto número de cartas de perdón para los criminales que, de acuerdo con el dictamen de los tribunales que valoraban sus causas, merecían recibir la gracia regia. Así, en un acto dramático de gran simbolismo, el rey ponía su mano sobre las cartas de indulto y pronunciaba las palabras “Yo te perdono, por que Dios me perdone” (el gesto recuerda el dramatismo y la fuerte significación del tacto real de las escrófulas, que retrata Marc Bloch en Los reyes taumaturgos).
El perdón, elemento central del Viernes Santo
(tomada de aquí)

En la cultura jurídica de antiguo régimen, el alejamiento del canon procedimental y punitivo señalado por las leyes era algo perfectamente normal. No consideraban, como lo hace nuestra moderna cultura jurídica, que la expresión única del derecho fuese la ley y que la justicia se redujera a su estricta aplicación. Sin embargo, algo de eso parecía estar cambiando a principios del siglo XIX. Comenzaban a tener mayor peso nociones jurídicas dirigidas a la sacralización de la ley, como expresión de la voluntad general de una nación a través de sus representantes reunidos en una Asamblea a manera de poder legislativo. Una sacralización de la ley que parece haber tenido como objetivo primordial, no las románticas reivindicaciones democráticas y populares con las que a veces se miran los fenómenos revolucionarios del tránsito del siglo XVIII al XIX, que dieron lugar a los gobiernos representativos, sino ante todo la intención de acotar el poder de los monarcas y la discrecionalidad con la que en ocasiones lo ejercían.

En las Cortes de Cádiz, en plena revolución política hispánica, el indulto fue una de las facultades del monarca que se pusieron a debate. (Diario de Sesiones, 15 de octubre de 1811, pp. 2085-2086) Los diputados de postura más radical que participaron en la discusión se mostraron preocupados por la arbitrariedad que suponía el acto del perdón real. Agustín Argüelles, por ejemplo, recordaba la antiquísima ceremonia del indulto de Viernes Santo y afirmaba que en ella había “más de costumbre que de ley”, lo que anunciaba un peligroso relajamiento en el “rigor de la justicia” porque “no habrá quien contenga a los delincuentes, que siempre andarán eludiendo la pena y burlándose de la justicia, porque el malvado que en la calma de las pasiones medita sus crímenes tendrá siempre puesta la mira en que el Rey en Viernes Santo le perdonará la pena que le impone la ley”. Sin embargo, el diputado por Asturias no llegó al extremo de negarse a que el monarca conservara ese poder. Únicamente aspiraba a limitarlo (“ya que se dé al Rey esta facultad, sea con toda economía”) mediante leyes expresamente dirigidas a ello.

Vicente Tomás Traver, diputado por Valencia, se sumó a la postura de Argüelles y reveló con mayor claridad el meollo del asunto: la facultad regia de indulto, dijo, “sería admisible si nuestro Código criminal, en la parte que señala las penas que deben imponerse á los delincuentes, estuviese fundado en los verdaderos principios de la justicia”. Ése no era el caso, según Traver, pues la legislación española aún se resentía de la “barbarie gótica” y exigía “imperiosamente” una reforma. Su punto, en el fondo, era el mismo que el de Argüelles: no se oponía a que se le permitiera al monarca el uso o la aplicación de la facultad de indulto y que atrajera con ello el debido respeto de los súbditos; pero debía concedérsele “con mucha economía” para que “no abra un portillo a la impunidad” invitando a los malhechores a delinquir con la confianza puesta en que alcanzarían el perdón real. Y ese objetivo sólo se conseguiría una vez que el sistema del Código criminal se arreglase “como se debe”, con lo cual habría muy pocos indultos. Finalmente, a tono con las intervenciones de Argüelles y Traver, el diputado por Madrid José de Zorraquín planteó la necesidad de abolir “aquellos indultos que no reconocen otro origen que una práctica”, con lo que aludía a la ceremonia de Viernes Santo: “O debe abolirse esta costumbre desde ahora. Ó sancionarse por ley con más explicación”.

El resto de los diputados que se involucraron en el debate asumieron una postura mucho más moderada. Todos se manifestaron por que el indulto de Viernes Santo se continuase celebrando, “antiquísima y religiosa costumbre” que configuraba un “espectáculo que causa ternura”, señaló el también valenciano Joaquín Lorenzo Villanueva. Subrayaron además que la vieja legislación española ya contemplaba acotaciones al acto del perdón real, lo que bastaría para impedir que al monarca actuase con arbitraredad. Traver todavía respondió que esas antiguas leyes (que efectivamente prohibían indultar a criminales cuyos delitos fuesen "atroces" y cuando la parte de la víctima no le concediera previamente su perdón) no habían impedido que se dieran casos de indultos a delitos para los cuales no tenía facultad el rey. Pero parece que sus inquietudes ya no hicieron eco, pues el Diario de Sesiones sólo registra que finalmente quedó aprobada la facultad regia de indultar "con arreglo a las leyes", tal y como la presentaba el artículo 171 del proyecto de constitución.

Con el tiempo, tanto en España como en las naciones hispanomericanas que habían sido sus dominios, los poderes legislativos irían asumiendo más y más poder, con la consecuente pretensión de atribuírse algunas de las facultades que antes correspondían exclusivamente al monarca. En España pasarían todavía algunas décadas antes de que el legislativo reclamase para sí el uso de la amnistía y el indulto. Mientras en México esto ocurrió en fecha tan temprana como la de su primera constitución republicana, de 1824. Una atribución que, según entiendo, no fue definitiva.

PD. 1. Me encuentro con esta noticia de que se sigue practicando el indulto de Viernes Santo (hoy mismo). ¡Ay, Argüelles, Traver y Zorraquín!

PD. 2. Si alguien sabe hoy en día cómo operan las figuras de indulto y amnistía en la legislación española y mexicana, bienvenidos sus comentarios.
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Notas

1."Clemencia, perdón y disimulo en la justicia criminal de antiguo régimen. Su praxis en Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII", Revista de Historia del Derecho, núm. 32, Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho, 2004, pp. 33-81.


Bibliografía

Agüero, Alejandro, “Clemencia, perdón y disimulo en la justicia criminal de antiguo régimen. Su praxis en Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII”, Revista de Historia del Derecho, núm. 32, Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho, 2004, pp. 33-81

Bloch, Marc, Los reyes taumaturgos. Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real, particularmente  en Francia e Inglaterra, México, FCE, 2006.

Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, J. A. García, 1870-1874.

Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 2008.

Grossi, Paolo, El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996.