José María Morelos y la constitución insurgente para la América mexicana

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El día más feliz de su vida. Así lo sentía José María Morelos aquel 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, en medio del regocijo por la jura del Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Miraba celebrar a sus compañeros congresistas —él lo era por la provincia de Nuevo León— mientras venía a su mente todo lo ocurrido en los últimos cuatro años, desde que se enteró de la rebelión de Miguel Hidalgo y decidió salir a su encuentro para ponerse a sus órdenes. Recordaba con especial satisfacción, aunque no sin algo de nostalgia, el fantástico año de 1813, cuando en la plenitud de su poder político y militar tomó la iniciativa de reformar el gobierno insurgente. La Suprema Junta instalada en Zitácuaro en 1811 estaba ya muy desacreditada por los serios conflictos entre sus tres vocales originales, Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José Sixto Berduzco, y ni siquiera el nombramiento del célebre general Morelos como cuarto vocal había logrado devolverle prestigio.

Para Morelos era inevitable recordar también al enjundioso diputado Carlos María de Bustamante, cuyo consejo en aquella época había sido decisivo para dejar de lado la idea de renovar la Junta. Era tiempo de convocar a un congreso constituyente de representantes electos por la población de cada una de las provincias insurrectas. La pericia política adquirida a fuerza de administrar los territorios que caían bajo su control, además del consejo de los abogados insurgentes y los ejemplos de las asambleas representativas de Cádiz, Caracas y Buenos Aires, le permitieron a Morelos entender que una manera eficaz de ganar la adhesión de las provincias era darles participación en el gobierno.

No había sido sencillo preparar la flamante ciudad de Chilpancingo para que se llevara a cabo la instalación del Congreso con el decoro necesario. El trabajo en esas primeras semanas de septiembre de 1813 había sido incesante, y sólo por la noche Morelos y sus allegados encontraban algún espacio para la reflexión. Una de esas noches estaba fresca en la mente del caudillo sureño: la previa a la instalación del Congreso, cuando comentó con el joven abogado Andrés Quintana Roo los principios que en su opinión debían guiar la labor del constituyente, esos que bautizó como Sentimientos de la Nación. Muchos años después Quintana Roo relataría a Guillermo Prieto aquella escena, elogiando la pureza de los principios que había expuesto Morelos y que —según decía— habían quedado plasmados en la constitución de Apatzingán.
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El Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana ciertamente cristalizó algunos de los sentimientos de Morelos: la intolerancia hacia cualquier religión distinta de la católica, la soberanía del pueblo, el repudio a la tiranía, la división de poderes, la duración y dotación de los funcionarios, la superioridad de la ley y la igualdad ante ella, el respeto a la propiedad, la inviolabilidad del domicilio. También abolió la Inquisición y la tortura de manera implícita. Otros de los sentimientos ya habían sido concretados por actos previos. El propio Morelos, el 5 de octubre de 1813, ratificó por decreto la abolición de la esclavitud, y un mes después el Congreso declaró formalmente la independencia absoluta de la América septentrional.




Sin embargo, la constitución dejó de lado otros de los sentimientos que parecen haber estado entre las más profundas convicciones de Morelos, aquellas que aprendió de sus manuales de teología moral acerca del compromiso de un pastor con su rebaño, y la importancia de la caridad material y espiritual hacia los menesterosos. Así, aunque el decreto constitucional no anuló los decretos previos de Morelos sobre eliminación del tributo y de otras contribuciones agobiantes, tampoco los ratificó. Omitió también el ideal de que la ley estuviese dirigida a moderar la opulencia y la indigencia y al mejoramiento moral y material del pueblo. Finalmente, la constitución también dejó fuera el acendrado antiespañolismo de Morelos y las fiestas nacionales del 16 de septiembre y el 12 de diciembre.

Esas omisiones se explican, en parte, por la relación distante y aun ríspida que mantuvieron Morelos y el Congreso a lo largo de 1814. Tras sufrir graves derrotas militares y ser despojado del mando supremo por el Congreso a principios de ese año, Morelos desempeñó diversas comisiones que lo alejaron de la discusión y la redacción del decreto constitucional. Su colaboración se limitó a proporcionar algunos proyectos insurgentes, unos cuantos números del periódico liberal El Espectador Sevillano y la constitución española de 1812, además, claro, de sus Sentimientos de la Nación y sus comentarios a los Elementos constitucionales de Rayón.

El otro factor a considerar es que Andrés Quintana Roo, José Manuel de Herrera, José Sotero de Castañeda, Manuel de Alderete y Soria, Cornelio Ortiz de Zárate y José María Ponce de León, los verdaderos redactores de la constitución insurgente, tenían en realidad otras prioridades. Una en particular que compartían con los autores de tantos otros documentos constitucionales que estaban apareciendo en esos mismos años en diversos puntos de la América española y de la península: limitar el poder para ahuyentar el despotismo. Desde luego, el primer referente de despotismo para todos esos revolucionarios eran los monarcas españoles, cuyos abusos habían tocado fondo en 1808 al entregar la monarquía a Napoleón Bonaparte. Pero los constituyentes de Apatzingán tenían además en Rayón, e incluso en el propio Morelos, ejemplos más próximos de intentos de ejercer un dominio político unipersonal. De ahí que dedicaran gran parte del decreto constitucional a describir y regular una forma de gobierno basada en el principio de separación del poder.

Crearon un sistema de tres corporaciones de gobierno, entre las cuales el Supremo Congreso subordinaba claramente al Supremo Gobierno ejecutivo, formado por tres individuos, y al Supremo Tribunal de Justicia, de cinco magistrados. Además de hacer las leyes y de ser el intérprete último de la constitución, el Supremo Congreso tenía entre sus facultades la designación de los titulares de los otros dos poderes y varios otros nombramientos importantes, como el de los ministros y los generales de división; establecía impuestos, calificaba las elecciones, dirigía las relaciones internacionales y controlaba el ejercicio de la guerra y la paz. Por otra parte, ni el Supremo Gobierno ni el Supremo Tribunal de Justicia podían alejarse de la residencia del Supremo Congreso sin su aprobación; y ninguno de los miembros del Supremo Gobierno ejecutivo estaba facultado para comandar fuerzas armadas, algo que resultaría decisivo en el curso venidero de la guerra insurgente.

La cultura política y jurídica que exhibieron los constituyentes de Apatzingán en el Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, era una compartida por los sectores letrados de todo el mundo hispano. Conjugaba el viejo derecho de la monarquía española y obras de ilustrados católicos, con referentes de la filosofía política moderna y, desde luego, las novedosas constituciones gestadas al calor de las revoluciones en los Estados Unidos, Francia y la misma España. Por eso no es extraño encontrar en el proemio y los 242 artículos de la constitución insurgente, semejanzas claras, y a veces textuales, con las constituciones norteamericanas de Pennsylvania (1776) y Massachusetts (1780), por ejemplo, además de las constituciones y declaraciones de derechos del hombre francesas de 1789, 1791, 1793 y 1795, la constitución española de 1812 y algunos artículos de El Espectador Sevillano (1809-1810).

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Aquel 22 de octubre de 1814, sin embargo, en medio de los festejos, Morelos apenas si estaba enterado del contenido del decreto constitucional que acababa de firmar como miembro del Congreso. La apresurada lectura del documento y las inmediatas ceremonias y celebraciones, le habían impedido reflexionar con detenimiento sobre sus principios y sus mecanismos. No obstante, Morelos disfrutaba de los bailes y degustaba sereno los dulces traídos para la ocasión desde Querétaro y Guanajuato, pues los redactores de la constitución le habían asegurado que el bien común era el único objetivo de su obra.

Dos días después, ya como uno de los titulares del Supremo Gobierno ejecutivo —junto a José María Liceaga y José María Cos—, Morelos promulgaría la constitución insurgente. En los próximos meses tendría tiempo de conocerla a detalle. Se daría cuenta entonces de que sus mecanismos de gobierno eran impracticables en un contexto de guerra, pues le impedían actuar con la celeridad y la eficacia que lo habían distinguido en sus campañas mientras no hubo Congreso que lo subordinara todo.

Y sin embargo, la felicidad que experimentó en los días de la jura y promulgación del decreto constitucional, era completamente genuina y justificada. Bajo condiciones bien adversas, perseguidos y asediados por las fuerzas del virrey, encontrando apenas los medios necesarios para sobrevivir, Morelos y sus compañeros habían mostrado que el establecimiento de un gobierno propio no era un sueño irrealizable.


Bibliografía:

Alfredo Ávila, En nombre de la nación: la formación del gobierno representativo en México, México, Taurus / CIDE, 2002.

Estudios sobre el Decreto constitucional de Apatzingán, Mario de la Cueva et al., México, UNAM, 1964.

Los procesos de Morelos, compilación y estudio preliminar de Carlos Herrejón Peredo, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1985 (Biblioteca José María Morelos, 2).

Anna Macías, Génesis del gobierno constitucional en México: 1808-1820, traducción de… , México, SEP, 1973 (SepSetentas, 94).

Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano, segunda edición con un apéndice, México, UNAM, IIH, 1978.